Cuando aún falta más de un día para que se cumpla el plazo para recolectar respaldos de la ciudadanía, la Iniciativa Popular de Norma presentada por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) logró superar la meta mínima de 10 mil adhesiones ciudadanas.
La propuesta busca que se reconozca al Estado “como proveedor de educación pública, laica, pluralista y de calidad”. En ese sentido, plantea que el Estado deberá garantizar la calidad y el financiamiento necesarios para el conjunto de los establecimientos educacionales de carácter público.
Para lograr que el Consejo Constitucional discuta una Iniciativa Popular de Norma, deben lograr los apoyos necesarios antes de la medianoche del viernes 7 de julio. A unas 30 horas de que se cumpliera ese plazo, la Iniciativa de las Universidades del Estado superó las 10 mil adhesiones en la plataforma de la Secretaría de Participación Ciudadana.
El objetivo de la enmienda del CUECH al anteproyecto de texto constitucional es consagrar el derecho a una educación pública, gratuita, laica y de calidad. La propuesta plantea, específicamente, reemplazar la letra F del inciso 22 del Artículo 16 del texto preparado por el Comité de Expertos, sobre el derecho a la educación. Las universidades del Estado buscan incluir en el documento una norma extendida sobre la educación pública y su incidencia en la vida de las personas y la sociedad.
La propuesta tuvo una positiva respuesta de la ciudadanía en el bien escaso tiempo que fue otorgado a la recolección de firmas para las iniciativas populares: desde el 23 de junio a la medianoche del viernes 7 de julio. Por ello, las 18 Universidades Estatales del país trabajaron arduamente para lograr su respaldo antes del plazo final.
El presidente del CUECH y Rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, manifestó que “la propuesta que hemos planteado es coherente con una demanda que la ciudadanía ha venido sosteniendo hace bastantes años, incluso antes del estallido social, y que tiene que ver precisamente con un derecho humano fundamental y un derecho social que es el derecho a la educación”. Corrales agregó que este es un derecho “que no puede ser sólo provisto a través de mecanismos de mercado o de educación privada, sino que hay un deber fundamental que el Estado tiene que ser capaz de cumplir”.
Por su parte, la Rectora de la UTEM e integrante del Directorio del CUECH, Marisol Durán Santis, explicó que “Chile vive hoy una nueva oportunidad de lograr una Constitución de origen y contenido democráticos. En este contexto, estimamos imprescindible que la Carta Fundamental considere en forma apropiada el reconocimiento del Estado como proveedor de educación pública y de calidad en todos los niveles de enseñanza y territorios en Chile”.
En este sentido, “la Iniciativa Popular de Norma que ha sido presentada por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, plantea la debida consideración de la educación pública en la Nueva Constitución. Chile necesita garantizar la educación pública como derecho para un mañana mejor”.
La enmienda amplía los alcances de lo que se entiende por “establecimientos educacionales pluralistas en todos los niveles de enseñanza”, a partir la historia constitucional del país, que desde sus albores estableció que la educación pública es una atención preferente del Estado y, como tal, “es fundamental que en la Nueva Constitución se garantice la existencia de una robusta red de establecimientos estatales que provean educación pública, laica, pluralista y de calidad, articulada en todo el territorio nacional y niveles de enseñanza”, lo que en ningún caso es contradictorio con “el derecho de los particulares a crear, organizar y mantener establecimientos desde sus propios proyectos educativos”, argumenta la propuesta.
Esta proposición universitaria de norma constitucional promueve libertad de pensamiento y de expresión, como también la tolerancia, el respeto, la valoración, la inclusión y equidad, la participación y el compromiso con el país y su desarrollo, considerando las necesidades locales y regionales.
La participación ciudadana ha sido canalizada a través de una plataforma organizada por las universidades acreditadas del país, según establecieron las normas regulatorias del proceso constitucional actualmente en curso.
Santiago, 6 de julio 2023.
Crónica Digital.
